Estoy pasando mucha vergüenza ajena por el nivel del fiscal que interroga a @jcuixart

Que está preguntando si un dominio de web sevido por una empresa en Irlanda es para evitar intervenciones judiciales. Esto no es serio pidiendo 25 años de cárcel a personas. pic.twitter.com/c8yXtzNtDn

— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 26 de febrero de 2019

Es comprensible que  personas que han vivido otras generaciones o épocas no entiendan con precisión el uso de las tecnologías

Lo anterior cobra mayor sentido si se piensa en tiempos donde no existía Internet ni redes sociales. Este tipo de desconocimiento tiene su parte buena y mala: buena porque en el caso de un delito informático nos vamos a encontrar con acusaciones que pueden flojear en el estudio y entendimiento de los medios con los que se ha llevado a cabo la conducta del investigado… (dando mayores posibilidades a los abogados de obtener un resultado favorable). Y la parte mala, porque en ocasiones nuestras palabras no tienen el peso y consistencia que pretendemos darle en juicio. Lo que sí es seguro es que deben usarse todas las cartas que permitan la defensa más completa.

La prueba debe estar bien conservada y custodiada en caso de delitos informáticos

Por desgracia, los juicios en España están llenos de circunstancias similares. David Maeztu también fue el abogado encargado de la defensa en el famoso caso Anonymous, en el que se pedía hasta cinco años de prisión a tres personas por el ataque a la web de la Junta Electoral Central. Maeztu recuerda un sinfín de errores y chapuzas de este estilo.

«La Policía precintó los ordenadores de los acusados, pero los puertos USB y la fuente de alimentación estaban totalmente al aire, así que se anuló esa prueba». Además, «el secretario judicial no entendía la diferencia entre el servidor de un chat y un servidor de servicios, una máquina». Y para rematar, «la Policía adjuntó una supuesta captura de las operaciones, pero en realidad era una captura que había sacado otra persona en un blog». El caso, evidentemente, acabó en absolución.

Las anécdotas de este tipo son eternas. El abogado Carlos Sánchez-Almeida también las ha sufrido y se acuerda de «aquel comisario de Policía que, en un caso de piratería lleno de gente con nicks, ordenó detener a un tal Traxdata, porque los detenidos lo mencionaban mucho… Traxdata eran los CD’s que fabricaba la empresa Traxdata«, recuerda. «Hace poco me intentaron procesar a un nombre de dominio, ‘paginadeenlaces.com’, como si fuese una persona jurídica. Obviamente, a quien había que procesar en su caso era al webmaster y su empresa, pero no al nombre de dominio. Estamos pendientes del recurso».

Y si uno busca más errores judiciales en materia de tecnologías, suma y sigue. Para ello facilitamos el muy trabajado y espléndido artículo periodístico y de recopilación de «épicos» errores, fuente de este artículo, «El gran problema de la justicia española: «Muchos jueces no tienen idea de tecnología»» de C. Otto (el Confidencial).

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